¡Tengan su estado de Derecho! Por José Luis Pérez Canchola

Idealmente todos quisiéramos vivir bajo un verdadero Estado de derecho, es decir en condiciones bajo las cuales, gobernantes y gobernados, coexistiéramos regidos por los principios de igualdad ante la justicia. El Estado de derecho nos debe garantizar el imperio de la ley, y nadie debería considerarse intocable, trátese de ciudadanos, de gobernantes, servidores públicos, militares, sacerdotes, de personajes políticos o de cualquier persona. En pocas palabras, la legalidad es un valor superior que debería estar por encima de ideologías, de partidos, de cualquier grupo con poder político o económico e incluso del propio gobierno. Suponiendo que los mexicanos gozáramos de un auténtico Estado de derecho ¿Cuáles serían las consecuencias para algunos personajes prominentes en la vida política del país? Hagamos un repaso.

- Los hermanos Bibriesca, hijos de Martha Sahagún de Fox, seguramente que estarían bajo proceso judicial por tráfico de influencias, sobornos y otros delitos.

- El actual Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño ya estaría separado del puesto y enfrentando cargos por violación a la Ley de Responsabilidades del Servicio Público.

- La coordinadora general de Protección Civil, Carmen Segura Rangel, seguramente estaría en prisión por el desvío de un mil 321 millones de pesos entre 2001 y 2004 en perjuicio del Fondo de Desastres Naturales y todo con el conocimiento y por lo tanto con la complicidad del secretario de Gobernación en ese tiempo Santiago Creel.

- Carlos Salomón Cámara estaría a buen recaudo a consecuencia del señalamiento como presunto responsables por el desvío de al menos 50 millones de pesos cuando fue director de la Lotería Nacional, según cargos presentados en el 2002 por el titular de la Secodam, Francisco Barrio Terrazas.

- El ex secretario general del PAN en Guerrero, Ramiro Arteaga Sarabia, y la diputada suplente por el PAN, Jacqueline Orta Martínez estarían en prisión después de haber sido acusados como copartícipes en el asesinato del diputado local Jorge Bajos Valverde, también del PAN ocurrido en 4 de enero de 2007.

- Igualmente en el caso del ex alcalde panista del municipio de Atizapán, Estado de México, el millonario Antonio Domínguez Zambrano, quien debería estar sujeto a proceso penal como presunto autor intelectual del asesinato de la regidora panitas María de los Ángeles Tamés Pérez, el 5 de septiembre de 2001. La regidora había denunciado reiteradamente casos de corrupción y complicidad con el narcotráfico dentro de la administración de su colega de partido Domínguez Zambrano.

- Un caso patético fue el del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, acusado de peculado electoral por el desvío de 500 millones de pesos del propio sindicato a favor del candidato presidencial del PRI en el 2000, Francisco Labastida Ochoa. Sin embargo en la etapa final del juicio penal en contra de Romero Deschamps, la PGR abandono el asunto, se dice que por órdenes de Fox, quedando este sujeto en absoluta libertad.

- La misma Martha Sahagún estaría actualmente bajo una severa investigación por parte de la Secretaría de Hacienda entre otras razones por la falta de transparencia en el manejo de los 30 millones de pesos donados por Bill Gates a la Fundación Vamos México para la atención de niños pobres y por la apropiación entre 2001 y 2002 del 70 por ciento de todos los donativos recibidos por la Fundación para ese fin. ¿Que hizo la señora de Fox con esos recursos?

- El actual gobernador del Estado de Jalisco estaría enfrentando cargos penales por el desvío de 90 millones de pesos tomados del erario público para entregarlos como donativo al clero católico en apoyo a la construcción de un santuario en memoria de los cristeros.

- Y que decir de Diego Fernández de Cevallos, mismo que siendo legislador promovió desde su despacho de abogados una demanda en contra de la Secretaría de Hacienda por la devolución del IVA a favor de Jugos del Valle bajo el argumento de que si la leche no pagaba impuestos por tratarse de un “alimento liquido” los jugos tampoco deberían pagar ningún impuesto ya que igualmente se trataba de un “liquido con propiedades alimenticias”. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, misma que ordenó la devolución del IVA por un total de UN MIL 300 MILLONES DE PESOS en el 2001 a favor de Jugos del Valle. El asunto es de lo más turbio ya que todos sabemos que el impuesto sobre cada lata de jugo lo pagan los consumidores finales y no la empresa. Fernández de Cevallos patrocinó esta demanda siendo senador de la República y por lo menos debió haber sido sancionado con base en la Ley de Responsabilidades del Servicio Público.

- A fin de cuentas, si realmente estuviéramos viviendo en un Estado de derecho el mismo Felipe Calderón no estaría ocupando de manera ilegal el más alto cargo en el país, al que llegó gracias a un sinnúmero de violaciones a la Constitución y a diversas leyes por parte de Vicente Fox, de empresarios, de las televisoras, de la jerarquía católica y de tantos otros actores que se confabularon en contra de la voluntad de millones de mexicanos.

La realidad es que en México no vivimos en un Estado de derecho. La clase política se ha colocado por encima de la Constitución, del derecho y de las leyes. Ahora el encubrimiento y la complicidad forman parte de la vida diaria de una clase gobernante que se comporta de manera parecida a los jefes del crimen organizado, con la diferencia de que estos últimos siempre están dispuestos a jugarse la libertad y la vida. En estas condiciones, la verdad es que el actual gobierno no es más que un comité de administración al servicio de los dueños del dinero, lo que sin duda significa que tratándose del pueblo lo peor está por venir.