Punta Colonet negocio transexenal

En los últimos meses, la disputa generada por dos megaproyectos relacionados con el desarrollo de Punta Colonet –la mina para la obtención de titanio y hierro en el subsuelo marino y el puerto de altura, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretende licitar en los próximos meses– pone al descubierto una supuesta red de corrupción.

Según los planes de la SCT, la Bahía Colonet se convertirá en un gigantesco desarrollo con 10 muelles de 400 metros cada uno, suficientes para aceptar embarcaciones de gran calado. Con éste se busca controlar el tráfico de carga de la costa Pacífico y el tránsito de mercancías y energéticos.

El Congreso de Baja California no sólo canceló su apoyo al Desarrollo del Proyecto de Punta Colonet, sino que ya exige a la administración estatal que explique sus planes respecto del mismo. Bernardo Martínez, secretario de gobierno de Baja California, se limita a aclarar que la inversión en Colonet será superior a los 10 mil millones de dólares.

Mientras que, ante la prensa, Eugenio Elorduy asegura que se trata de un proyecto estratégico para el desarrollo de México. El gobernador indica que la inversión “busca beneficiar a las grandes mayorías y no a ciertos intereses que no están bien identificados”, en alusión al grupo Minero Lobos –encabezado por Gabriel Chávez–, que tras una investigación perdió la concesión de la mina.

Revocan concesión

El secretario general del gobierno estatal confirma que Gabriel Chávez Aguirre, Adolfo Rodríguez Haros y Sergio Saucedo Martínez perdieron las anuencias que habían obtenido para la extracción de metales en Punta Colonet, proyecto que se contraponía al del megapuerto de carga.

Bernardo Martínez precisa que el 9 de mayo pasado el gobierno federal inició los trámites de cancelación y dio un plazo de 60 días al Grupo Minero Lobos para que se inconformara contra dicho procedimiento.

Al no haber respuesta, las autoridades federales determinaron anular los permisos para la explotación de minerales en la zona sur del municipio de Ensenada. Con el título 225 mil 263, la concesión minera –que permitía la explotación de minerales metálicos (titanio)– fue la primera en su tipo, tras la reforma a la ley minera hecha en el sexenio de Vicente Fox.

Con ésta, el Grupo Minero Lobos podía explotar 32 mil hectáreas de costa, que coincidían con la zona donde se planificó un puerto del desarrollo de Punta Colonet, detenido éste durante dos años. En ese tiempo, la minera Lobos debió realizar estudios para confirmar el potencial del sitio concesionado, lo que, a decir del gobierno federal, nunca se hizo.

En 2005, la sociedad Baja California Puerto Enterprise (BCPE) –conformada por Grupo Minero Lobos y SSA Marine México– se dijo dispuesta a llegar a un acuerdo con la SCT, pero en agosto pasado dicha Secretaría publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que establece que la zona concesionada será puerto de altura y cabotaje.

Por la contraposición de sus planes, SSA Marine y Hutchison Ports se enfrentan. La primera de ellas está asociada con Grupo Minero Lobos, para la explotación de minerales en la costa de Baja California, la segunda promueve con la SCT la creación de un puerto.

El interés de ambas es el manejo portuario de contenedores, dado el potencial comercial e industrial que alcanzaría la zona, ya que millas al norte, los puertos de Los Ángeles y Long Beach están ya saturados y la mercancía procedente de Asia busca otro punto de entrada al continente.

Ruffo, detrás del proyecto

El exgobernador panista y excomisionado para Asuntos de la Frontera Norte, Ernesto Ruffo Appel, adquirió mil 315 hectáreas en Punta Colonet, por 3 millones de dólares, además de adquirir 10 mil hectáreas de terrenos planos a 270 kilómetros de Tijuana.

De acuerdo con una investigación del exdiputado priista, Jaime Martínez Veloz, los socios de Ruffo son el constructor Roberto Curiel Ortega, con quien fundó la empresa Puerto Colonet Infraestructura que busca controlar toda la construcción del nuevo embarcadero; Héctor Moisés Calderón, accionista de la inmobiliaria que vendió los terrenos, y Juan Manuel Chávez García. Con éstos creó la empresa Integradora Baja Aeropuerto, que adquirió 3 mil hectáreas para construir un aeropuerto internacional de carga.

El operador del puerto será Hutchinson Port Holdings, que opera actualmente los cuatro puertos más importantes de México: Veracruz, Manzanillo, Ensenada y Lázaro Cárdenas. Esta empresa pertenece a Li Ka Shing, uno de los hombres más ricos del mundo que comenzó con la especulación bursátil en Hong Kong.

El círculo de socios se cierra con Union Pacific, una de las empresas ferroviarias más importantes de Estados Unidos, que no sólo operaría toda la carga por tierra de Punta Colonet a Estados Unidos, sino que realizaría el trazo y colocación de vías ferroviarias en dos sentidos entre ese puerto y San Isidro, California.

Union Pacific tiene entre sus miembros del Consejo de Administración al expresidente Ernesto Zedillo, quien durante su administración privatizó el sistema ferroviario y puso en venta los derechos de vía.

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